Barreras en el acceso a medicamentos para tratamiento de la diabetes mellitus en Chile

Resumen

En Chile, el 12,3% de la población tiene diabetes mellitus (DM) y el 80,9% se atiende en el sistema público de salud (Fondo Nacional de Salud, FONASA) y el resto, principalmente, pertenece al sistema privado (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRE). El FONASA concentra a la población más vulnerable y con menores recursos económicos, mientras el ISAPRE atienden a una población más rica y saludable^1,2.

Los usuarios del FONASA acceden a fármacos gratuitos por la existencia de políticas públicas como las Garantías Explícitas en Salud (GES) y el Fondo de Farmacia (FOFAR).

Los afiliados a las ISAPRE prefieren acceder a los medicamentos a través de la compra en las farmacias privadas, con recursos propios. Las ISAPRE tiene GES, pero se observa un bajo uso. Esto se atribuye a que las ISAPRE les asigna arbitrariamente un médico y a que la canasta de fármacos ofrecida por el GES se asume como reducida y que no incluye los mejores medicamentos. Esta población tiene capacidad de compra, pero tiene mayor vulnerabilidad a los precios no regulados del mercado³.

En términos generales, para los usuarios del FONASA no existen barreras relevantes de acceso a los fármacos de la canasta GES. Sin embargo, se identifican barreras de acceso para otros medicamentos (no cubiertos o no priorizados por el sistema de salud) asociados al gasto de su propio bolsillo, lo que resulta difícil de sostener en el tiempo³. En un estudio reciente se detectaron las siguientes limitaciones⁴:

• Alta dependencia de importaciones. Falta de procesos que permitan la incorporación de bio equivalentes.
• Desactualización del Formulario Nacional de Salud, vigente desde 2006, que incluye los medicamentos prioritarios y permite definir los fármacos con garantía legal para GES y otros programas.
• Falta de centralización, supervisión y planificación en la compra de medicamentos por el Estado. No existe trasparencia en los procesos que determinan aquello que será objeto de cobertura.
• Desde el punto de vista de accesibilidad, hay una alta concentración de puntos de venta en zonas de mayores ingresos. El GES público y privado tiene dificultades geográficas y de movilidad. Las farmacias públicas tienen horarios acotados de atención.
• Falta de políticas que aseguren mayor transparencia en los precios de medicamentos establecidos por el retail, dificultando la comparación entre distintos proveedores.
• Existe un presupuesto limitado que no permite la actualización de las garantías y el acceso de medicamentos que favorezcan la adherencia de los pacientes, que eviten efectos secundarios y aporten mayores beneficios.